Observo con estupor cómo el Gobierno de Pedro Sánchez, más que gobernar, parece empeñado en una tragicomedia de enredos, donde la corrupción y la desfachatez se entrelazan en un guion que ni el más audaz de los guionistas podría imaginar.
El caso de Leire Díez, la protagonista del día, socialista hace cinco minutos, hoy reconvertida en periodista de investigación de sí misma. Aparece en grabaciones buscando información comprometedora sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mientras el PSOE intenta desmarcarse de ella como si nunca la hubieran conocido, a pesar de haber ocupado cargos públicos desde 2018.
Lo que ha ofrecido esta mañana en su comparecencia no fue una rueda de prensa, sino un bodevil político en toda regla. Faltaron los violines y una cortina de terciopelo rojo. Ella decía que investigaba. Víctor de Aldama (sí, ese mismo del caso Koldo) irrumpía como si esto fuera “Sálvame Deluxe” o mejor dicho “La familia de la tele” y la desmentía en directo. Un espectáculo tan lamentable como revelador: no tienen ni el control del relato, ni el pudor de fingir que lo intentan.
Pero no nos engañemos. Este escándalo no es un caso aislado. Se suma a una lista cada vez más larga de episodios que salpican al entorno más cercano del presidente: su hermano, su esposa y su exministro Ábalos, todos bajo la lupa por presuntas corruptelas.
Porque el problema no es Leire. Leire es una actriz secundaria en este drama institucional. El problema es el escenario que ha construido Pedro Sánchez. En él, los jueces son cuestionados, los fiscales presionados, los medios divididos y los ciudadanos atónitos. La corrupción ya no se tapa: se normaliza. Se digiere. Se disfraza de “ataques a la democracia” si alguien la denuncia.
Y mientras tanto, el presidente guarda silencio. Un silencio que retumba en las instituciones y que erosiona la confianza de los ciudadanos. Un silencio que, lejos de ser prudente, se convierte en cómplice.
La sociedad debería de estar exigiendo transparencia, responsabilidad y respeto por las instituciones. No podemos permitir que la corrupción se normalice ni que se utilicen las instituciones del Estado para encubrirla. En este contexto, la manifestación convocada por el Partido Popular para el próximo 8 de junio en Madrid no es solo una protesta, sino una llamada a la acción para alzar la voz contra un Gobierno que ha perdido el rumbo y la decencia.
Es hora de que el presidente dé la cara, asuma responsabilidades y ponga fin a esta agonía institucional. Porque España merece un gobierno que gobierne, no que se esconda detrás de excusas y cortinas de humo.
Lucas Castillo Rodríguez
Presidente Partido Popular Guadalajara
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