La Diputación Provincial reduce un 46% su aportación económica al Consorcio de Residuos

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• Los representantes del PP han votado en contra de la aprobación del presupuesto propuesto por el gobierno de José Luis Vega cuya aportación para 2026 será de 970.000 euros frente a 1,8 millones de euros del ejercicio anterior

24 de noviembre de 2025.- Los representantes del Partido Popular en el Consejo de Gobierno del Consorcio de Gestión de Residuos, celebrado hoy, han votado en contra del presupuesto para 2026 presentado por el gobierno de José Luis Vega. Mientras que la totalidad de las cuentas aprobadas este lunes para el próximo ejercicio ascienden a 6.080.269,08 euros, la transferencia económica que realiza la Diputación a este Consorcio será de 970.000 euros; cuando en 2025 fue de 1,8 millones de euros, reduciéndose prácticamente a la mitad.

Los representantes del PP en este Consejo de Gobierno -el concejal de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, Jesús David García; el alcalde de Torija, Álvaro Murillo, y el de Torre del Burgo, José Carlos Moreno- se han opuesto a esta reducción en la aportación de la Diputación cuando, mientras tanto, la tasa que pagan los ayuntamientos se sigue incrementando en un 4%. Lo que se une también a los “tarifazos” que ya aplicó hace ahora dos años: para el presupuesto de 2024 el PP ya denunció las “escandalosas subidas” que en el caso del Consorcio de Residuos fueron de entorno al 80% el precio de la recogida de la tonelada que, en términos globales, supone una carga para los ayuntamientos cuya aportación pasó de 2,6 millones de euros a 4,6 millones de euros.

Desde el PP han manifestado que “si la Diputación hubiese mantenido la aportación económica, al menos de 2025, los ayuntamientos a lo mejor podrían pagar menos o incluso se podría barajar la posibilidad de prestar nuevos y mejores servicios, o realizar otras inversiones en beneficio del Consorcio y de sus ayuntamientos asociados”. Como ejemplo, han reclamado “que los ayuntamientos puedan llevar residuos voluminosos a los puntos de transferencia de cada una de las zonas repartidas por la provincia dentro del marco legal existente; servicio que ahora no se presta y que sería de gran utilidad para los consistorios”.