González Lamola: “El canon del agua de Page perjudica gravemente las economías de los casareños con una subida media de casi un 30%”

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• El alcalde de El Casar, José Luis González Lamola, ha vuelto a exigir su “eliminación e inmediata retirada” porque en su municipio supone una subida media en la factura del consumidor de entre un 25 y un 30%

• A esto se suma la tasa de basura del Gobierno de Pedro Sánchez que ha supuesto “una subida de unos 60 euros más al año por ciudadano (de 110 euros pasa a 170 euros); más de un 55%”

26 de enero de 2026.- El alcalde de El Casar, José Luis González Lamola, ha calificado de “injusto y perjudicial” para las economías de los casareños el nuevo canon del agua impuesto a los ayuntamientos por la Junta de Comunidades de Emiliano García Page, dejando claro que “no es un impuesto local, sino un impuesto obligado por el gobierno socialista de Page, frente al que no podemos hacer nada”. “A los ayuntamientos nos obligan por ley a ser recaudadores del Gobierno de Castilla-La Mancha, contemplando incluso graves multas en caso de incumplimiento”, se ha quejado explicando que esto “ha supuesto para el consumidor de El Casar una subida media en su factura de entre un 25 y un 30%”. González Lamola ha recordado que El Casar es uno de los municipios más poblados de la Provincia de Guadalajara con alrededor de 14.000 habitantes -más otros 6.000 sin empadronar- con un núcleo urbano y siete urbanizaciones.

Este nuevo canon, que ha comenzado a aplicarse este año conlleva perjuicios también para su gestión ya que, en el caso de El Casar, como ha explicado el alcalde, “las dificultades en la gestión son múltiples y muy costosas, empezando porque en nuestro caso las cadencias de las lecturas son distintas, puesto que ellos exigen una lectura mensual y nosotros la tenemos bimestral”. Además, ha añadido, “la facturación del canon en el bimestre mayo-junio 2025 fue de 52.847,96 euros, lo que extrapolado al total anual nos da una cantidad por encima de los 300.000 euros; esa es la cantidad que están soportando anualmente los casareños respecto a este impuesto de la Junta”. “Tenemos que hacer hincapié en que esto no es una imposición de la Unión Europea, sino una decisión adoptada por el Gobierno regional, ya que la Directiva Marco del agua, en la que se escudan, es de hace 25 años y nunca hasta hoy ha supuesto la necesidad de crear este nuevo impuesto; de hecho, hay muchas comunidades autónomas que no lo aplican”, ha subrayado.

González Lamola ha informado hoy en rueda de prensa que “la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se quedará el 75% de lo recaudado, y el resto lo repartirá bajo su criterio”. Además, “para las empresas la subida será mayor que para el consumo doméstico, y esto supondrá el encarecimiento de bienes y servicios, y lamentablemente repercutirá de manera negativa en la empleabilidad”. Por ello, ha exigido, una vez más, como ya lo hicieron en el Ayuntamiento con una moción aprobada en el pleno de abril de 2024, su “eliminación e inmediata retirada”.

Sánchez obliga a subir también el recibo de la basura
Por otro lado, el alcalde de El Casar ha dicho que esto se suma al llamado “basurazo” que “no es una política ambiental, sino otra imposición fiscal, en este caso del Gobierno de Pedro Sánchez, que obliga a los ayuntamientos a subir el recibo de la basura, vulnerando la autonomía municipal y trasladando el coste de una decisión política que no viene impuesta por Europa”.

“La famosa Ley 7/2022 rompe este principio al imponer, por primera vez en la democracia, una tasa local obligatoria decidida desde el Estado, lo que hasta ahora era una decisión municipal pasa a ser una imposición estatal”, se ha quejado. Es decir, “el Gobierno de Sánchez invade competencias municipales y convierte a los ayuntamientos en simples ejecutores de su política fiscal”, ha dicho ahondando en esta injusticia de la que “se verán afectadas millones de familias que verán incrementado su recibo, y pequeños comercios y autónomos, que tendrán que asumir un nuevo sobrecoste”.

En el caso de El Casar, ha informado, “se realizó el ajuste de la Tasa al Coste del Servicio al principio del año 2024, lo que supuso una subida de unos 60 euros más al año por ciudadano (de 110 euros pasa a 170 euros), es decir una subida de más de un 55%, a lo que también hay que sumar el “tarifazo” impuesto por el gobierno socialista de la Diputación”.