El Senado aprueba la Ley Feijóo para que el corte de suministros a los okupas no se considere delito: “Que entre la seguridad y salga el miedo”

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• El senador del Partido Popular por Guadalajara, y presidente provincial, Lucas Castillo, explica que esta Ley dota a los propietarios de una herramienta legal más efectiva para recuperar su inmueble despenalizando el corte de servicios básicos como la luz o el agua como delito de coacción
• Recuerda que la provincia de Guadalajara ha registrado serios casos de okupación como; el desalojo masivo en Guadalajara capital (2022) de 96 ocupantes del edificio "Campus Empresarial Alcarreño" en la calle Francisco Aritio; Horche ha vivido situaciones de okupación que han afectado a los vecinos con robos y sensación de inseguridad; y operativos de desokupación como en Chiloeches, donde se desalojó una vivienda recién adquirida

19 de noviembre de 2025. “Casi 70 prórrogas, 66 ampliaciones de plazo para enmiendas, un bloqueo legislativo sin precedentes, 66 prórrogas no son diálogo, 66 prórrogas son un secuestro legislativo. Sabemos por qué lo hace el Partido Socialista. Lo hace porque si votan en contra se retratan como defensores de la okupación. Y si votan a favor, rompen su discurso ideológico”. Así se ha pronunciado el senador del Partido Popular por Guadalajara, Lucas Castillo, durante su intervención hoy en el Senado ante el bloqueo de su Ley Antiokupación en el Congreso de los Diputados, para sacar adelante las medidas cercadas por la Mesa de Armengol.

En 2024 se registraron 16.400 casos de usurpación o de allanamiento de morada, un 7,4% más que en el año 2023. “Una lacra que afecta a propietarios, a vecinos y a ayuntamientos. Una lacra que el Gobierno insiste en negar su existencia mientras se agrava año tras año”.

Mientras tanto, “las familias viven con miedo, los vecinos conviven en pisos tomados por mafias y los ayuntamientos gastan recursos que deberían destinar a sus vecinos para atender los efectos de quienes están en el otro lado de la ley”.

Castillo ha defendido que la okupación ilegal no es un problema de vivienda. “La okupación ilegal es una agresión ilegitima contra el derecho a la propiedad”. Y ha tachado de absurdo que hasta marzo “el cortar la luz a un ocupa podría considerarse delito de coacciones y el propietario tenía que mantener los suministros al ocupante que le había arrebatado la vivienda”.

El senador popular ha recordado que en marzo de este 2025, la Audiencia Provincial de Barcelona fijó un criterio histórico “cortar suministros a un inmueble ocupado ilegalmente no es coacción, no es delito, porque el titular no está obligado a mantener servicios a quienes ocupan su vivienda”. Por lo tanto, ha dicho, “lo que la justicia ya empieza a reconocer el legislador debe consolidarlo, y esa es exactamente nuestra propuesta. Planteamos una reforma legal que convierta ese criterio judicial en una norma válida para toda España.

El objetivo es dotar a los propietarios de una herramienta legal más efectiva para recuperar su inmueble, despenalizaría el corte de servicios básicos como la luz o el agua, siempre y cuando la propiedad esté siendo objeto de una ocupación sin el consentimiento o título legal del dueño, diferenciando esta acción del delito de coacción que se castiga con penas de prisión.

El senador por Guadalajara y también presidente provincial ha apuntado que municipios de la provincia también se han visto afectados seriamente por la okupación ilegal y se ha referido; al desalojo masivo en Guadalajara capital (2022) de 96 ocupantes del edificio "Campus Empresarial Alcarreño" en la calle Francisco Aritio, una de las mayores operaciones de este tipo en la ciudad; el municipio de Horche ha vivido situaciones de okupación que han afectado a los vecinos con robos y sensación de inseguridad; y operativos de desokupación como en Chiloeches, donde se desalojó una vivienda recién adquirida.

Castillo ha aseverado que “la seguridad jurídica es el mayor incentivo para liberar vivienda, y con esta ley entraría la seguridad y saldría el miedo”.

Por esta razón, se ha preguntado “si este Gobierno no se ha ocupado de la seguridad, de la vivienda o de proteger a los propietarios, ¿de qué se ha ocupado?”

“La respuesta es decepcionante. Se ha ocupado de legislar para aprobar una Ley que rebajó penas a violadores y agresores sexuales, en intentar cambiar la Ley para blindar a la mujer del Presidente, en suavizar el delito de malversación cuando sus compañeros de partido y sus socios estaban siendo condenados, en derogar la sedición para beneficiar a quienes quisieron romper España o en indultar a condenados del procés por necesidad parlamentaria y por necesidad del uno. El PSOE siempre está en el lado incorrecto. En proteger aquellos que delinquen y de legislar en su favor” ha zanjado.