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El PP de Azuqueca exige explicaciones al alcalde tras ser citado como investigado por un presunto delito de prevaricación

| 23-09-2025

El Partido Popular de Azuqueca considera de extrema gravedad que el alcalde, Miguel Óscar Aparicio, haya sido citado por el Juzgado de Instrucciónn N.º 1 de Guadalajara para declarar en calidad de investigado (antigua imputación) por un presunto delito de prevaricación administrativa en un proceso selectivo de empleo público del Ayuntamiento.

Desde el Grupo Popular recuerdan que, según la documentación judicial, en dicho procedimiento se habrían modificado plazos ya cerrados con el fin de permitir la incorporación de un nuevo candidato, circunstancia que motivaría la querella presentada por uno de los aspirantes excluidos. El Ministerio Fiscal no se habría opuesto a la admisión de la querella por considerar que existen indicios suficientes de irregularidades en el proceso.

En palabras de Mane Corral, edil y líder de la oposición en el consistorio azudense, “Estamos ante un nuevo muy grave y que afecta directamente a la confianza de los vecinos en sus instituciones. Azuqueca no puede permitirse que planeen dudas sobre la limpieza y la transparencia en el acceso a un puesto de trabajo público”, ha señalado el portavoz.

El Partido Popular subraya que la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos selectivos son principios básicos que deben regir la actuación de cualquier administración. “No hablamos de un error menor, hablamos de un procedimiento judicial en curso que apunta a posibles prácticas arbitrarias en la contratación de personal por parte del Ayuntamiento”, denuncian desde las filas populares.

Por ello, el PP de Azuqueca exige explicaciones inmediatas al alcalde y afirman haber reclamado el acceso a toda la documentación relativa a este proceso de selección sometido a investigación judicial.

“El alcalde debe dar la cara y aclarar ante todos los vecinos qué ha ocurrido exactamente en estas oposiciones y por qué se adoptaron decisiones que, según el auto judicial, podrían constituir un delito de prevaricación”, concluyen desde el Grupo Popular.

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