· Los concejales del Partido Popular acusan al alcalde, máximo responsable del Ayuntamiento –entidad encargada de la vivienda de mayores-, de “dejación de funciones” tras los reiterados escritos y denuncias de una trabajadora
· Consideran que el alcalde debería haber puesto medidas hace tiempo ante la grave situación que está alterando la convivencia y el cordial ambiente de trabajo de esta instalación municipal
· Se solidarizan con la afectada y exigen la apertura inmediata de un protocolo de posible acoso laboral y la intervención de Servicios Sociales de la Junta de Comunidades
30 de julio de 2024.- El Partido Popular de Almoguera ha pedido al alcalde, Antonio Barona, “que actúe urgentemente” para solucionar de inmediato la grave situación que se está produciendo en la vivienda de mayores municipal. Desde el PP no entienden “cómo no se han tomado ya medidas efectivas ante un presunto caso de acoso laboral de un usuario hacia una trabajadora, que en estos momentos se encuentra de baja laboral”. “Son ya tres largos años durante los cuales la trabajadora afectada ha presentado cinco escritos en el Ayuntamiento -como responsable del servicio- dos a Inspección Laboral y otras dos denuncias interpuestas en la Guardia Civil”, han denunciado los concejales del PP quienes instan a los miembros del gobierno “a dejar de mirar para otro lado” y a que “sean sensibles ante una situación cuya solución está en la mano del Ayuntamiento”. “Estamos ante una palmaria dejación de funciones que no podemos consentir ni como concejales ni como ciudadanos por esta incomprensible y deleznable inacción del gobierno que dirige nuestro ayuntamiento”, han denunciado.
La trabajadora afectada, en sus diversos escritos y denuncias, refiere que lleva sufriendo “acoso verbal, zarandeos, amenazas y actitudes violentas como lanzamiento de objetos o golpes en el mobiliario, por parte del usuario en cuestión”, al que Servicios Sociales, según la información que le transmite la trabajadora social, “lleva sin evaluar desde 2019”, pese a sus quejas, denuncias y peticiones de ayuda y “sin que hasta la fecha se haya abierto siquiera un protocolo de acoso laboral”.
El último episodio tuvo lugar el pasado 2 de julio cuando al encontrarse en la cocina, acompañada de otra compañera, y estando presente por fuera la persona encargada de la limpieza, el usuario la amenazó con el puño en alto pudiendo escapar de él y encerrarse en una habitación para pedir auxilio. “Al llamar al Ayuntamiento, la respuesta del alcalde fue enviar a un trabajador municipal media hora después”, según el relato de los hechos de la trabajadora que “se siente impotente ante esta situación que está afectando a su salud según confirman los informes médicos”.
Intervención de la Inspección de Trabajo
Tal fue la indiferencia mostrada por los responsables municipales ante sus denuncias y escritos, que la trabajadora se vio obligada a acudir a la Inspección de Trabajo en diciembre de 2023 donde expuso mediante escrito de denuncia el incumplimiento por parte de la empresa –el Ayuntamiento- de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, recibiendo contestación el pasado 15 de mayo de 2024. Mediante la misma se le requiere al Ayuntamiento confirmación sobre “si tiene algún protocolo específico para el acoso laboral y, en adición, ya que en el escrito consta que hubo denuncias de la trabajadora y que la empleadora adoptó medidas, me concreten cuáles fueron las mismas aportando asimismo la pertinente documentación acreditativa (si el Ayuntamiento adoptó algún otro tipo de medida además de la apertura de expediente sancionador al usuario, etc.)”.
Asimismo, se especifica en el escrito de contestación que “la empleadora no inicia expediente sancionador contra el usuario de la vivienda hasta octubre de 2023, habiéndose presentado la primera de las denuncias por parte de la trabajadora en fecha 15/12/2022”. Es decir, inciden desde el PP, “once meses después de la primera denuncia”.
Además, se añade, “que esta inspección no puede estar de acuerdo con la afirmación de la empleadora en lo referente a que los hechos no se ajustan ‘al tipo de acoso laboral’” y que la empleadora “tiene las obligaciones de velar por que no se realicen actos u omisiones que atenten contra el derecho de las personas trabajadoras de la consideración debida a su dignidad y de protección frente al acoso laboral”.
Los concejales del Partido Popular de Almoguera se preguntan “qué más tiene que pasar para que el alcalde, máximo responsable de este servicio, se ponga a trabajar para dar solución a este conflicto que lleva alterando gravemente la convivencia, de forma reiterada, entre los usuarios del centro creando, además, un ambiente de trabajo insostenible”. Toda esta situación se encuentra reflejada, asimismo, en el Libro de Incidencias del centro de mayores, por lo que desde el PP consideran “que existen razones más que fundadas y suficientes para proteger a la trabajadora, primero, y tomar medidas que atajen de raíz esta situación que está afectando al funcionamiento y a la calidad de un servicio fundamental en el municipio”.
“Nosotros solo pedimos que se active un protocolo de acoso laboral, que se aplique la ordenanza y el régimen disciplinario del centro, y que se convoque la Comisión de Seguimiento para estudiar las posibles acciones”, han manifestado.
Desde el PP, como no podía ser de otro manera, se han solidarizado con la trabajadora –ahora de baja- y el resto de trabajadores y usuarios que “continúan sufriendo este ambiente” y han advertido que “no dejaremos que esta situación caiga en el olvido hasta que tengamos que lamentar otros episodios” porque “después será tarde para actuar”. Por ello, “seguiremos exigiendo al alcalde y a Servicios Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se ocupen de esta situación cuanto antes”, han finalizado.
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