• El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, asegura que el hoy alcalde Alberto Rojo tenía responsabilidades políticas en la Junta cuando se inició la tramitación del proyectos
• Carnicero afirma que Rojo “miente” cuando dice que es un “recién llegado” y asegura que el convenio que firmó Antonio Román con Cespa en 2009 ya no está en vigor por lo que Alberto Rojo no está atado a ninguna decisión anterior
• Desde el Grupo Popular instan al alcalde a que se retracte de sus declaraciones en las que dice desconocer el proyecto en el que está implicado el 40% de su actual equipo de gobierno
11 de marzo de 2020.- “El alcalde Alberto Rojo miente descaradamente cuando dice que no sabe nada y que no conoce los detalles de la construcción de las plantas de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en término de la ciudad de Guadalajara”. Así lo ha afirmado el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, en rueda de prensa acompañado por los concejales Armengol Engonga y José Luis Alguacil, y donde ha manifestado que “bajo el gobierno de Antonio Román ni se construyó ni se inició la construcción de estas dos plantas; por lo tanto, a lo largo de los 12 años anteriores no se construyeron, pero parece ser que durante el gobierno de Alberto Rojo sí se van a construir”. Esta es la realidad que ha puesto de manifiesto Jaime Carnicero invitando a al alcalde a que se retracte de sus declaraciones públicas en las que se califica a él mismo como un “recién llegado” cuando lleva ya nueve meses en el cargo. “Eso le podría valer como alcalde para el 1 de agosto o para el 1 de septiembre pasado, pero no para el 11 de marzo; pero para lo que no le vale es para su pasado político y para las responsabilidades políticas que él mismo tenía en la Junta de Comunidades en 2008 cuando se inician los trámites”, ha dicho Carnicero, puesto que el convenio que firma el Ayuntamiento con la mercantil Cespa es su día viene con el beneplácito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
“La ciudad de Guadalajara no se merece un alcalde que mienta reiteradamente, por eso desde el Grupo Municipal le invitamos a que se retracte y diga la verdad porque si este proyecto ha estado instado y promovido por alguien, no es solo por el mismísimo alcalde Alberto Rojo en sus anteriores responsabilidades políticas, sino por varios de los concejales de su actual equipo de gobierno en sus diferentes responsabilidades tanto públicas como en el sector privado”. “Nos parece de una falta absoluta de responsabilidad y de rigor que Alberto Rojo diga que no conoce nada, cuando además sabe que en su equipo de gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos, prácticamente el 40% de su equipo de gobierno ha promovido la gestión de estas plantas, incluido él mismo”.
Además, el portavoz del Grupo Popular ha explicado que el convenio que data del 31 de marzo de 2009 y que se firmó entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la mercantil Cespa es un acuerdo que se firmó con todos los informes favorables, “como no podía ser de otra manera”, y que surge derivado de las responsabilidades de la empresa, toda vez que en ese momento era la encargada de la limpieza y tratamiento de residuos en cuya adjudicación se había comprometido a la gestión y tratamiento de todos los residuos que en un primer momento iban al vertedero en Chiloeches hasta que abrió el de Torija.
“Y nosotros, el gobierno de Antonio Román, a lo que no estábamos dispuestos era a perdonar a la empresa sus obligaciones; como sí está perdonando Alberto Rojo 1 millón de euros al Ayuntamiento de Marchamalo o 24 millones a la Junta para que cumpla la sentencia e invierta en el Fuerte de San Francisco”, ha dicho Carnicero.
Aún así, ha incidido el portavoz del Grupo Popular, “ese convenio al que se agarra Alberto Rojo para decir que está atado por las decisiones de Antonio Román no tiene validez ni relación jurídica alguna hoy en día”. De hecho, en 2016 la empresa realiza un recurso para que se devuelva el dinero aportado -450.000 euros- puesto que no se habían construido los plantas y dejando negro sobre blanco en que no ha tenido ninguna validez jurídica puesto que la causa y el objeto del contrato ha decaído por no haber llevado a cabo la construcción.
“Es decir, que ahora mismo no hay ni una sola relación jurídica derivada de ese convenio que ate o deje de atar al Ayuntamiento de Guadalajara y en concreto a Alberto Rojo. Y parece que esto se les olvida. Tenemos un equipo de gobierno que no quiere asumir ninguna responsabilidad, es un equipo de gobierno excusado, que siempre busca excusas”. Ante esto, Carnicero ha denunciado “cierta obsesión enfermiza de Alberto Rojo hacia Antonio Román y con el equipo de gobierno anterior”, ya que “en vez de asumir sus responsabilidades y afrontar proyectos, priorizar, asumir la realidad y tomar decisiones y gestionar, se encuentra instalado en la permanente excusa”.
El convenio del que habla Rojo no está en vigor
Carnicero ha detallado las razones por las que ese convenio a día de hoy ha caducado y se mantuvo en suspenso desde el mismo momento de su firma ya que Cespa no realizó ninguna gestión para la tramitación de los centros determinados. Estaría caducado por los siguientes motivos: en la estipulación primera determina que el objeto del convenio es regular las condiciones de gestión del Centro o Centros “..” hasta que termine su vida útil, se colmate y/o clausuren, no siendo inferior a diez años desde la firma del convenio; el contrato de gestión de limpieza viaria y recogida de RSU que unía a Cespa (Ferrovial) con el Ayuntamiento de Guadalajara finalizó en el año 2015, y como tal las obligaciones que tenía contraídas en la gestión de esa tipología de residuos. A fecha de la finalización contractual Cespa no había procedido a la realización de ninguno de los Centros y como tal quedaba sin objeto (por la desaparición de la prestación principal) el convenio y como tal caduco; y tercera razón por la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público que establece en Disposición adicional octava la “Adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local” y que “Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley”. Al no haberse adaptado carece de toda validez legal.
Y, por último, y ya mencionado, la propia mercantil Cespa en su recurso de fecha 9 de mayo de 2016 solicita la devolución del canon pagado al Ayuntamiento de Guadalajara, y motiva su pretensión en varios expositivos que el convenio no se ha llevado a cabo por no ejecutarse los Centros proyectados y como tal solicita la devolución del canon satisfecho.
Por ello, desde el Grupo Popular han pedido al alcalde Alberto Rojo que asuma sus responsabilidades y que se retracte de sus declaraciones basada en la mentira.
Por contra a esta actitud, Carnicero ha dicho que “todos los proyectos que para nosotros han sido prioritarios y hemos promovido se han llevado a cabo y ahí están: el Centro Acuático, la estación de gas natural a través de concesión, la primera de Castilla-La Mancha, la Ciudad del Transporte, proyectos en obras, cultura, deportes, para las familias, etcétera”.
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