Asenjo: “Page desahucia a los enfermos mentales más vulnerables de la Unidad de Larga Estancia de Guadalajara”

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• Itziar Asenjo, diputada autonómica por Guadalajara, afirma que el Gobierno socialista “desmantela” la Larga Estancia Psiquiátrica en Guadalajara “sin alternativas, y, una vez más, son los pacientes quienes tienen que pagar el precio. Deciden trasladar a ancianos con enfermedad mental sin garantizar los recursos adecuados”
• Denuncia que esta decisión “no responde al interés superior del paciente, sino a una lógica de gestión que parece priorizar criterios económicos y de reorganización interna sin diálogo social. La falta de transparencia con familias y sindicatos, junto con la ausencia de una evaluación pública del impacto sanitario del traslado, constituye una debilidad democrática y de gobernanza sanitaria”

30 de octubre de 2025.- Se cierra el hogar de 19 pacientes de la Unidad de Larga Estancia de Guadalajara (ULE). Así ha comenzado la diputada autonómica por Guadalajara, Itziar Asenjo, su primer turno de intervención en la pregunta oral en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado hoy.

Asenjo ha aseverado que el Gobierno regional “desmantela” la Larga Estancia Psiquiátrica en Guadalajara “sin alternativas, y, una vez más, son los pacientes quienes tienen que pagar el precio.  Deciden trasladar a ancianos con enfermedad mental sin garantizar los recursos adecuados”.

La diputada regional por Guadalajara ha criticado que Page y su consejero de Sanidad justifiquen el cierre de la ULE en Guadalajara “como una modernización del modelo asistencial, al considerar que los residentes presentan un perfil geriátrico más que psiquiátrico”. Sin embargo, ha añadido,  “esta explicación no va acompañada de un plan detallado que garantice un reemplazo real y adecuado del recurso que se elimina”. La administración califica el modelo como “obsoleto”, pero “no presenta alternativas que cubran su función social y terapéutica de forma equivalente”.

El Gobierno socialista de Page afirma  que no habrá despidos entre los más de 40 profesionales “pero no niega que estos profesionales serán desplazados y que pueden terminar en destinos con peores condiciones, fuera de su especialización y con mayor precariedad operativa. Este desplazamiento no solo afecta sus derechos laborales, sino también la continuidad asistencial, un aspecto clave en pacientes con patologías crónicas y graves”.

Además, el traslado de los 19 residentes con edades avanzadas y alta dependencia “supone romper de manera brusca un hogar de décadas, lo que puede generar daño clínico, afectivo y funcional. Esta situación, “ha sido advertida por familias y profesionales”. Igualmente, la Consejería de Sanidad asegura que el traslado es “con garantías”, pero la realidad es que el recurso de destina, la URR de Alcohete, “ya presenta denuncias por falta de personal y medios antes de la llegada de estos pacientes, lo que anticipa un empeoramiento de la atención y una sobrecarga profesional”.

La decisión, por tanto, “no responde al interés superior del paciente, sino a una lógica de gestión que parece priorizar criterios económicos y de reorganización interna sin diálogo social. La falta de transparencia con familias y sindicatos, junto con la ausencia de una evaluación pública del impacto sanitario del traslado, constituye una debilidad democrática y de gobernanza sanitaria”.

Las protestas de trabajadores y de familiares, demuestran que el cierre “se ha articulado sin consenso y sin participación de los agentes afectados”.

Asenjo ha aseverado que el cierre de la ULE “no puede presentarse como una mejora del sistema mientras el recurso sustitutorio sea claramente inferior y genere riesgo para los pacientes más vulnerables. Este caso ejemplifica una política pública donde; se usa el discurso de innovación para justificar recortes; se debilitan servicios especializados sin alternativas reales; se ignora a profesionales, familias y residentes; y se toma una decisión estructural sin evaluar su impacto social”.

Por ello, “este cierre no debería entenderse como un avance, sino como un retroceso en derechos sanitarios y sociales de personas con enfermedad mental grave en Guadalajara” ha zanjado Itziar Asenjo.