PSOE y Podemos se alían para votar en contra del apoyo a la Policía y Guardia Civil propuesto por el PP

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• Pese al voto en contra del alcalde socialista Alberto Rojo, la moción de apoyo a las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en contra de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Sánchez, salió adelante con los votos a favor del Grupo Popular, Vox y Ciudadanos

29 de diciembre de 2021- El Pleno celebrado este martes en el Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado la moción presentada por el Grupo Popular que pedía la “solidaridad y el reconocimiento” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e “instar al Gobierno de España a que paralice la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y vuelva al diálogo con los representantes de las organizaciones sindicales policiales y de la Guardia Civil”. La moción ha salido adelante con la oposición del Partido Socialista del alcalde Alberto Rojo que ha votado en contra junto con el concejal de Podemos; pero la suma de estos votos no ha sido suficiente para conseguir su objetivo puesto que el Grupo Popular, Vox y Ciudadanos han votado a favor.

Así, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado también mostrar su “total apoyo a las reivindicaciones planteadas por las organizaciones sindicales policiales y asociaciones de Guardia Civil en contra de esta reforma” a pesar del alcalde de la ciudad que se ha opuesto.

La concejala del Grupo Popular Encarna Jiménez ha sido la encargada de defender la propuesta recordando que “la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana fue aprobada durante el Gobierno del Partido Popular” y “cumple con una finalidad esencial para el conjunto de los españoles: crear un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades”. Por contra, añadió, “el Gobierno de PSOE y Podemos ha acordado derogarla introduciendo enmiendas a la Proposición de Ley sobre modificación de dicha Ley de Seguridad Ciudadana que ha presentado el Grupo vasco del Congreso de los Diputados”. Jiménez dijo que “la actual Ley de Seguridad Ciudadana fue consecuencia de una reforma necesaria, conveniente y oportuna que dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad y, en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Jiménez: “El Gobierno está cambiando seguridad por presupuestos”

“Está claro que este Gobierno está cambiando seguridad por presupuestos”, ha dicho la concejala del Grupo Popular añadiendo que esta reforma pretende aprobar “una ley antisistema, hecha y condicionada por los herederos de ETA, por los que quieren expulsar a la Guardia Civil de una parte del territorio español como es ERC y por los condenados por agredir a policías; no se nos puede olvidar a nadie que un vicepresidente del Gobierno -en alusión a Pablo Iglesias- decía emocionarse cuando golpeaban a un policía con un adoquín”.

Algunos de los cambios que pretende la reforma cuestión pasan, entre otros, por permitir la realización de manifestaciones espontáneas sin necesidad de comunicación previa; limitar la presunción de veracidad de los atestados policiales eliminando el principio de autoridad del agente y dificultando la persecución de determinados delitos; que la captación y difusión de imágenes de las actuaciones policiales deje de ser sancionable comprometiéndose con ello la seguridad e integridad del propio agente y de su entorno familiar; reducir de 6 a 2 horas el tiempo de detención de aquellos que se nieguen a identificarse, y se obliga a los agentes a devolver al detenido al mismo lugar en el que se practicó la detención; o limitar el uso de material antidisturbios sin facilitar alternativas para realizar las intervenciones.

Pese a ello, los concejales del PSOE con el alcalde de Guadalajara a la cabeza y el concejal de Podemos votaron en contra.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara quedó claro “el apoyo a las justas reivindicaciones expresadas por los representantes de las organizaciones policiales y de Guardias Civiles ante un gobierno que pretende dejarles literalmente “vendidos”, ya que esta reforma les pone contra las cuerdas, coarta su capacidad de actuación y pone en riesgo su integridad física y la de sus familias”.